De: La Jornada

Las comunidades indígenas de Chiapas que se levantaron en armas el primero de enero de 1994 habían hecho anteriormente muchos intentos por llamar la atención, en forma pacífica, sobre su situación exasperante: el desdén oficial, la represión sistemática, el saqueo de sus tierras y sus recursos, la marginación y la insalubridad y, sobre todo, la anulación de su identidad por el México público y privado que aspiraba ­la aspiración sigue en pie­ a ingresar al primer mundo sin reparar que muchos de sus habitantes vivían ­y aun viven­ en un país insensible y áspero, con elites que se encaraman en una montaña de miseria para imitar los patrones (políticos, culturales, de consumo) de Estados Unidos y Europa occidental. Durante la salvaje "modernización" salinista, y desde mucho antes, los pueblos indios del sureste se reunieron, formul aron llamados a la conciencia nacional y marcharon a la capital de la República para denunciar el ahondamiento creciente de una fractura histórica entre el país de unos cuantos, que lo tenía todo ­y que lo sigue teniendo, hoy más concentrado que hace 11 años­ y la nación de los más, que hasta la fecha no tiene nada.

No fueron escuchados. El gobierno, y con él las clases acomodadas y un buen sector de las medias, vivían una borrachera de modernidad que parecía cubrir los sufrimientos esenciales de mayorías sin casa, sin tierra, sin escuela, sin hospitales, sin voz ni voto. Esos pueblos indios decidieron jugarse, entonces, lo único que les quedaba, la dignidad, para hacerse escuchar por el resto de México y por el mundo. Irrumpieron en plena celebración por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para recordar que uno de los socios en ese instrumento internacional era un país generoso con los capitales extranjeros, con los altos funcionarios y con los acaudalados nacionales, pero implacable y depredador con sus propios desamparados. Las autoridades respondieron, inicialmente, con una feroz represión militar contra los alzados, pero tras unos días de combates la sociedad hizo escuchar su voz y exigió el cese de las hostilidades. Los rebeldes, a su vez, esc ucharon el mensaje de la ciudadanía movilizada, revisaron sobre la marcha sus estrategias y sus convicciones, y decidieron darle una oportunidad a la negociación pacífica. El salinismo, por su parte, no tuvo más remedio que detener los operativos militares e iniciar un vasto ejercicio de simulación política a fin de exhibir una imagen mínimamente presentable ante la opinión pública internacional. Priísta al cabo, inició negociaciones, no para atender las raíces del conflicto, sino para ensayar la corrupción y la cooptación de los alzados, y acabó naufragando en su propia descomposición y en las pugnas entre el entonces comisionado para la paz, Manuel Camacho, y el candidato sustituto, Ernesto Zedillo.

Cuando éste asumió la Presidencia hizo como que continuaba las negociaciones y se dedicó a preparar, en las sombras, un golpe de mano contra la dirigencia rebelde; el 9 de febrero de 1995, mientras mantenía la ficción de los contactos, hizo avanzar al Ejército a las comunidades zapatistas, giró órdenes de aprehensión contra la dirigencia indígena y a punto estuvo de hundir al país en una confrontación sangrienta y generalizada. La sociedad civil se movilizó nuevamente y logró imponer una mínima racionalidad que se tradujo en la Ley para el Diálogo y la Negociación en Chiapas y la constitución de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión. Se restablecieron las negociaciones, esta vez en San Andrés Larráinzar, y los representantes gubernamentales y los rebeldes lograron conformar un documento fundamental para realizar modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas que, de haber prosperado, habría sentado las bases p ara sanar la fractura entre el Estado y los pueblos indios. Pero el gobierno de Zedillo volvió a traicionar, desconoció lo firmado por sus propios enviados en San Andrés y se empeñó en la vía de la contrainsurgencia: cercar a las comunidades, hostigar a sus habitantes, armar grupos paramilitares de choque, provocar a los zapatistas. Esa estrategia criminal dio por resultado el desplazamiento de pueblos enteros que hubieron de internarse en la selva a pasar hambre y enfermedades, la violación de innumerables mujeres por efectivos militares y parapoliciales, la destrucción de viviendas, el robo de las escasísimas pertenencias de las comunidades, el acoso permanente. La política zedillista hacia los insurgentes culminó con la matanza de Acteal, organizada y dirigida por mandos policiales y militares, y cuyos principales responsables políticos son Zedillo y su secretario de Gobernación de entonces, Emilio Chuayffet. La paciencia de los alzados no se agotó ni siquiera con el asesinat o de mujeres embarazadas ni con el allanamiento y la destrucción de sus comunidades por la tropa ni con la falta de palabra del Ejecutivo federal. Se mantuvieron fieles a la demanda de paz de la sociedad y esperaron tiempos mejores.

Vicente Fox llegó a la Presidencia precedido por su promesa demagógica y absurda de que resolvería "en 15 minutos" (así lo dijo) el conflicto de Chiapas. En los primeros tiempos de su gobierno las condiciones para avanzar en una solución real al problema parecieron propicias. El mandatario envió al Congreso, como iniciativa propia, la propuesta de reformas legales elaborada por la Cocopa con base en los acuerdos de San Andrés. En señal de buena voluntad, los zapatistas enviaron a la capital a una parte de sus dirigentes. Pronto pudo percibirse que la clase política del país no estaba a la altura de las circunstancias. Hubo voces racistas escandalizadas por la posibilidad de que los representantes indígenas usaran la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se hizo evidente que Fox no había realizado ningún trabajo político antes de enviar la iniciativa legal y que, así, la condenaba al fracaso. Finalmente, los legisladores aprobaron una vergonzosa parodia de lo acord ado en San Andrés y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, una a una, las inconformidades interpuestas contra el engendro de modificaciones legales. El titular del Ejecutivo, por su parte, dio por culminados los "15 minutos" y declaró que el conflicto estaba resuelto. Desde entonces (2001) parece creerlo así.

La contrainsurgencia se ha disimulado, pero no ha cesado. En fechas recientes se ha sabido de la reactivación de grupos paramilitares orientados y financiados por la oligarquía chiapaneca tradicional, por las autoridades locales y las federales. La esfera política del país ha confundido la prudencia de los zapatistas con la extinción de su alzamiento y de las causas que le dieron origen. El desprecio del México oficial a los indios alzados ha llegado a tal punto que los supone inexistentes.

El empecinamiento ­de los tres poderes de la Unión, de los partidos, del gobierno estatal, de los emporios mediáticos­ por volver invisibles a los indígenas chiapanecos dura ya más de cuatro años, pero todo tiene límite. Las causas de la rebelión de 1994 están presentes y vigentes, aunque no aparezcan en los noticiarios, con el agravio añadido del tiempo: cuatro años más de miseria, ninguneo, provocaciones, cancelación de esperanzas personales y colectivas de dignidad, justicia, democracia, educación, salud y desarrollo respetuoso. Nadie puede reprochar a los zapatistas que no hayan tenido paciencia, contención y voluntad de paz. No son ellos, sino el México oficial, el que alienta, con su insensibilidad, su ceguera y su falta de sentido, la desestabilización y la amenaza de la violencia. Tal vez el sureste del país esté próximo a una nueva explosión indeseable y de consecuencias impredecibles pero necesariamente graves. Es posible que la sociedad deba salir de nue va cuenta a las calles a despertar a las autoridades de su prolongada siesta sexenal, a decirles que en Chiapas se gesta un nuevo estallido y que la responsabilidad corresponde, una vez más, al gobierno.

Llamado a la alerta civil

Señora directora: El Grupo Paz con Democracia manifiesta su profunda preocupación por la situación en Chiapas, la alerta roja declarada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la consulta interna que ha sido anunciada, en un contexto de militarización de varios estados de la República y el fortalecimiento del discurso político y mediático de la "seguridad" por encima de la justicia y la democracia.

Los recientes comunicados públicos revelan que existen riesgos para las comunidades indígenas, los integrantes del EZLN y la población civil en general, por lo que llamamos a mantener una alerta civil nacional ante las posibles provocaciones del poder político-militar en el transcurso de este proceso de definición interna del movimiento zapatista.

Para discutir todo esto, convocamos a las organizaciones, colectivos, movimientos, redes y personas de la sociedad civil a una reunión de trabajo que se llevará a cabo este jueves 23 de junio a las 18 horas, en la Casa de La Solidaridad: Patricio Sanz 449, colonia Del Valle.

Por el Grupo Paz con Democracia: Pablo González Casanova, Miguel Concha, Gilberto López y Rivas, Magdalena Gómez, Guillermo Briseño, Víctor Flores Olea, Oscar González, Carlos Fazio, Alfredo López Austin, Rafael Reygadas, Rafael Moreno Villa, Ana Esther Ceceña, Luis Hernández, Dolores González Saravia, Paulina Fernández, Miguel Alvarez

Temen más hostilidades contra indígenas

Señora directora: Mucho agradeceremos dé cabida al siguiente comunicado: 1. Ante la decisión del EZLN de declarar la alerta roja general, el Movimiento Cívico expresa su profunda preocupación de que se intensifiquen las hostilidades contra los pueblos y comunidades indígenas, sus legítimas autoridades y del propio EZLN. 2. Reiteramos que la única manera de lograr la paz, con justicia y dignidad, es con el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, y a los derechos humanos de sus integrantes, dando cabal cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar. 3. Llamamos a la sociedad civil, a la izquierda y al Partido de la Revolución Democrática, a manifestarse contra las agresiones y a solidarizarse con el EZLN. Por encima de las diferencias, nos une el común propósito de la transformación del país y lograr una patria nueva.

Movimiento Cívico: Mario Saucedo Pérez, Humberto Zazueta Aguilar, senadora Leticia Burgos Ochoa, senador Saúl López Sollano, diputado federal Francisco Saucedo Pérez, diputada federal Eliana García Laguna, diputado Federal Gerardo Ulloa Pérez (integrante de la Cocopa), Marcela Nolasco Pastoriza y Cintya Mazas Vásquez, integrantes del CEN del PRD, Luis Hernández Palacios y Alfredo Jiménez Gómez

Miércoles 22 de junio de 2005

La alerta, medida precautoria y defensiva, advierte Marcos

Sobreviviremos, aun sin nuestra dirigencia: EZLN

''Las y los zapatistas, en libertad moral de seguir o no en nuestras filas''

COMUNICADO DEL COMITE CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDIGENA

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

MEXICO

20 de junio del 2005.

AL PUEBLO DE MEXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:

Hermanos y Hermanas:

Primero y Unico. Les informamos que, desde mediados del año del 2002, el EZLN entró en un proceso de reorganización de su estructura político-militar. Esta reorganización interna ya ha terminado.

Tenemos las condiciones necesarias para sobrevivir, como organización, a un ataque o acción del enemigo que acabe con nuestra dirección actual, o que intente aniquilarnos totalmente.

Los escalones de mando y la sucesión de responsabilidades han quedado claramente establecidos, así como las acciones y medidas a tomar en caso de ser agredidos por las fuerzas gubernamentales y por sus paramilitares.

El CCRI-CG del EZLN comunica que está en condiciones de seguir dirigiendo la lucha zapatista, aunque pierda, así sea por cárcel, por muerte o por desaparición forzada, aparte o a la totalidad de su dirección actual conocida públicamente.

Es todo.

¡Democracia!

¡Libertad!

¡Justicia!

Desde las Montañas del Sureste Mexicano.

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Subcomandante Insurgente Marcos.

México, en el sexto mes del año 2005.

COMUNICADO DEL COMITE CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDIGENA

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

MEXICO.

20 de junio del 2005.

AL PUEBLO DE MEXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:

Hermanos y hermanas:

Primero. Como se ha hecho público, a partir del día 19 de junio del 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional estableció la alerta roja general en territorio rebelde.

La razón de esta alerta roja general es que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN ha llamado a consulta a sus tropas insurgentes, a todos los comandantes y comandantas, a responsables regionales y locales y a sus bases de apoyo.

Esta alerta roja es una medida precautoria defensiva; como recordarán ustedes, en febrero de 1995, mientras el EZLN se encontraba haciendo una consulta interna, fue atacado por las fuerzas gubernamentales; en esa ocasión, la traición fue realizada por Ernesto Zedillo Ponce de León (entonces titular del Ejecutivo federal y hoy empleado de empresas trasnacionales) y Esteban Moctezuma Barragán (entonces secretario de Gobernación y hoy empleado de Salinas Pliego).

Segundo. En esta consulta interna...

-La dirección del EZLN está haciendo un reconocimiento al sacrificio, disposición y heroísmo de sus bases de apoyo, responsables, milicianos y milicianas, y de los insurgentes e insurgentas, por estos casi 12 años de guerra y resistencia; todo lo bueno que hemos hecho y lo alcanzado ha sido por ellas y ellos. Los errores cometidos han sido responsabilidad exclusiva de la dirección zapatista.

-El CCRI-CG del EZLN está presentando a sus integrantes un balance de la etapa en la que está nuestra organización y un análisis de la situación nacional actual. Además, les está proponiendo a sus bases de apoyo, quienes constituyen el mando supremo de nuestro movimiento, un nuevo paso en la lucha, un paso que implica, entre otras cosas, arriesgarse a perder lo mucho o poco que se ha logrado, y a que se agudicen la persecución y el hostigamiento en contra de las comunidades zapatistas.

-Por esto, al hablar con sus integrantes, el EZLN les está devolviendo la palabra empeñada el primero de enero de 1994; todos los y las zapatistas están ahora en libertad moral de seguir o no con el EZLN en el siguiente paso que está siendo consultado, si es aprobado por la mayoría.

Tercero. En cuanto concluya esta consulta interna informaremos de su resultado a la opinión pública nacional e internacional.

¡Democracia!

¡Libertad!

¡Justicia!

Desde las Montañas del Sureste Mexicano.

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Subcomandante Insurgente Marcos. México, en el sexto mes del año 2005.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la requisa de La Jornada San Luis el año pasado fue ejecutada por Jesús Zarzosa Sayavedra y Claudio Ortiz Sánchez, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

En una recomendación emitida al gobernador Marcelo de los Santos Fraga, condenó la violación de los derechos a la información y a la libertad de expresión de un medio impreso y pidió al mandatario para que inicie una “exhaustiva” investigación interna para determinar la responsabilidad de los mencionados servidores públicos.

También desmintió un oficio del titular de la Secretaría General, Alfonso Castillo Machuca en donde aseguró que el personal a su cargo no había participado en el hecho registrado el 18 de junio del 2004 y le sugirió realizar las acciones pertinentes para que sus funcionarios “se abstengan de acciones lesivas la libertad de expresión”.

Lo anterior según la recomendación 12/05 derivada del expediente CEDH-QO-561/04 por violaciones al derecho a la información y a la libertad de prensa expedida y recibida por el despacho de gobernador el martes pasado.

Plagio confirmado

Versa el documento firmado por Magdalena González Vega, titular de la CEDH, que luego de la investigación que se basó en la existencia de la nota periodística, los testimonios de dueños de establecimientos periódicos y del hecho consistente en la compra masiva de “por lo menos” dos funcionarios públicos y concluyó que “sí fue coartado el derecho que tenemos todos los ciudadanos de recibir información, toda vez que la nota periodística... sí tenía un alto contenido de interés publico, pues en ella se denunciaba un presunto ofrecimiento económico hacia el alcalde de Cerro de San Pero, noticia que los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí teníamos derecho conocer oportunamente...”.

Mas adelante, sostiene que es “condenable el acto ejecutado por servidores públicos como son Jesús Zarzosa Sayavedra, encargado de la atención a grupos sociales y José Claudio Ortiz Sánchez, el secretario particular de Alfonso Castillo Machuca. pues con su participación en la compra masiva de ejemplares actualizaron un atentado contra la libertad de prensa, pues impidieron que muchos ciudadanos el día... se enteraran y conocieran una nota que, si bien es cierto, involucraba directamente a la Secretaria General de Gobierno, a la cual, ellos pertenecen, también lo es que una nota periodística no implica necesariamente la verdad absoluta sobre un hecho sino simplemente registra un acontecimiento que puede ser sujeto a verificación, pues el ejercicio de un periodismo democrático permite a todas las partes el derecho de réplica...”.

La acción de los funcionarios del gobierno estatal, determinó la CEDH, encontró que la acción violó el derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de expresión de un medio de comunicación.

Investigación exhaustiva

Para la comisión, la conducta de los dos funcionarios fue causa suficiente para iniciar una investigación para determinar los motivos que propiciaron esas acciones para esclarecer si actuaron por voluntad propia o siguieron órdenes de sus superiores.

También establece que las pesquisas deben esclarecer quiénes fueron las otras personas que participaron en el plagio del diario y determinar si son servidores públicos.

Para lograr lo anterior, la CEDH emitió las siguientes recomendaciones al gobierno estatal: “Primera.- ordenar al órgano de control competente que inicie una exhaustiva investigación tendiente a determinar la responsabilidad de los servidores públicos de la Secretaria General de Gobierno involucradas en los actos denunciadas por el diario La Jornada San Luis y que resultan violatorios a derechos humanos.

“Segunda.- gire instrucciones pertinentes a efecto de que los servidores públicos... se abstengan de efectuar cualquier tipo de acciones lesivas a quienes ejercen la libertad de expresión; y que sean instruidos y capacitados para cumplir con el respeto que deben a los derechos humanos y a las garantías que la ley establece.

“Tercera.- haga del conocimiento de todos los servidores públicos a su cargo los principios contenido en la Declaración de Chapultepec que señala los parámetros para el respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, considerando que la libertad de prensa es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”.

Desmiente CEDH a Castillo Machuca

Según las evidencias tomadas por el organismo, señalan un oficio del 14 de septiembre girado por Alfonso Castillo Machuca a la CEDH dio un informe pormenorizado relativo a los hechos motivo de la queja en donde negó categóricamente que los trabajadores a su cargo haya participado en forma directa o indirecta en la requisa y agregó que como funcionario público siempre ha respetado la libertad de expresión.

No obstante, luego de los testimonios recabados por la propia comisión concluyó: “por lo tanto se desestima la afirmación realizada por el secretario general de Gobierno en su informe pormenorizado en el que indico que la denuncia del diario La Jornada San Luis era un señalamiento unilateral y sin sustento”.

Por lo anterior, el gobierno estatal cuenta con un termino de cinco días hábiles siguientes a su notificación para informar sobre la aceptación de la recomendación y con un plazo de 10 días hábiles para enviar las pruebas para el cumplimiento de la recomendación en caso de haber sido aceptada, según señala el oficio.

Jueves 23 de Junio de 2005

Julio Hernández López

ASTILLERO

PINOCHO DE LOS SANTOS

• Ombudsman confirma secuestro de diario

• Funcionarios acapararon La Jornada San Luis

• Hoy, acto en Casa Lamm a las 19 horas

Un año después de que ordenaron el secuestro de una edición de La Jornada San Luis (LJSL), el gobernador Marcelo de los Santos y su secretario general, Alfonso Castillo Machuca, han sido exhibidos como mentirosos, pues a pesar de que en su momento negaron que personal a su mando hubiera realizado la compra masiva de ejemplares para impedir que se conociera una noticia que les molestaba, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH-SLP) hizo pública ayer una recomendación (la 12/05) en la que se establece que fue comprobada esa forma de violación al derecho a la información y a la libertad de expresión escrita.

La comisión, presidida por Magdalena Beatriz González Vega, establece que “luego de recabar diversos testimonios entre expendedores y voceadores” es un “hecho demostrado” que el 18 de junio de 2004 “ocurrió un evento fuera de lo ordinario en los puntos de distribución y venta, consistente en que personas ajenas al oficio de voceadores acudieron primero al punto de distribución del diario La Jornada San Luis (...) y en ese lugar adquirieron en forma masiva los ejemplares de ese diario, además de que en el transcurso de la mañana personas a bordo de vehículos sin placas adquirieron más ejemplares en los puntos de venta”. La virtual requisa fue negada de inmediato por el gobernador De los Santos quien, confrontado por la comunidad jornalera potosina en pleno, adujo que había realizado investigaciones personales y podía asegurar que ningún miembro de su gobierno había participado en los hechos. El secretario general, Castillo Machuca, en un “informe pormenorizado” ent regado a la CEDH-SLP, negó cualquier participación en la compra masiva, y acusó a La Jornada San Luis de hacer en ese sentido “un señalamiento unilateral sin sustento”.

Pero ayer, la citada comisión estableció que cuando menos dos funcionarios estatales, Claudio Ortiz y Jesús Zarzosa, fueron identificados como partícipes en el secuestro periodístico. Los dos trabajan para el secretario general de gobierno: el primero es el secretario particular y el segundo es el coordinador de atención a grupos sociales. Los nombres y fotografías de esos funcionarios habían sido publicadas por La Jornada San Luis inmediatamente después del secuestro, y la CEDH-SLP investigó a partir de esos datos y de las direcciones de una decena de voceadores que habían conocido los hechos y que fueron proporcionadas por el diario. Ahora, el gobierno potosino tiene cinco días hábiles para aceptar la recomendación que pide a De los Santos ordenar “al órgano de control competente que inicie una exhaustiva investigación “ para “determinar la responsabilidad” de los funcionarios mencionados en el virtual secuestro de LJSL, sobre todo en cuanto a saber si “obedecieron alguna instrucción por parte de sus superiores o si se trató de actos efectuados motu proprio”.

La recomendación firmada por la ombudsman potosina González Vega fue dada a conocer el mismo día en que a la ciudad de México llegaba una caminata que había salido de la capital potosina el pasado 7 en protesta por otros agravios (igualmente negados con mentiras por el gobernador De los Santos). Hoy, como hace un año, el encono gubernamental trata de silenciar informaciones incómodas. Allí está hoy, por ejemplo, la violación a los derechos laborales de trabajadores que fueron expulsados de la casa de gobierno por afiliarse al sindicato independiente encabezado por Francisca Resendiz (bordeando el delito de peculado, lo que será determinado por los jueces, De los Santos tuvo personal doméstico pagado con recursos públicos en su domicilio particular). Hoy, como hace un año, por dar voz a la lucha contra la Minera San Xavier a cuyo servicio están el presidente Fox, el secretario de economía, Canales Clariond, y el gobernador De los Santos. El secuestro del diario, un año atrá s, trataba justamente de evitar que se conociera que el secretario general de gobierno y un empresario habían hecho “ofrecimientos a granel” (casi como “un boleto de lotería” a nombre del portador) al presidente del municipio de Cerro de San Pedro para que firmara documentos que permitieran la instalación de la citada minera. Hoy se mantiene el mismo empecinamiento sospechoso del grupo foxista a favor de esa empresa altamente contaminadora. Por ello ayer, como hoy, se pretende acallar a La Jornada San Luis. Pero también ayer, como hoy, demostrado queda que la mentira está del lado de quienes detentan actualmente el poder en SLP. Y, por hoy, recuerden los lectores que lo que queda de la exigua caminata estará a las 9.30 horas en San Lázaro con el comité de comunicación social, por allí de las 12 en Los Pinos (si la musa y el tiempo permiten preparar algo) y a las 19 en Casa Lamm (invitación abierta) con Ricardo Rocha, Álvaro Delgado, Javier Corral y Jaime Avilés.

Astillas: Publicado en la página de internet de Ruta, un bisemanario de Tulancingo, Hidalgo, que tiene un capítulo dedicado a la sierra norte poblana: “Tenía años que el ejército mexicano no llevaba a cabo recorridos grupales en el centro de Xicotepec, y menos con consignas a grito abierto de: ‘Llevo mis armas a la selva y a todo zapatista mataré', ¿hay procesos de diálogos entre el gobierno y la insurgencia chiapaneca o hay simulación?”. Ruta es dirigido por Juan Carlos Ortiz Castro, y la mención de los estribillos militares fúnebres fue hecha por Leonel Quiroga Cazares en su columna El Baúl. La dirección electrónica es http://www.prodigyweb.net.mx/rutatgo/sierra%20poblana.htm ... Y, mientras Juan Gabriel es detenido por problemas fiscales, y los hijitos de la señora Falda piden pago por daño moral a quienes han relatado sus andanzas empresariales, y Creel sigue atorado con e l asunto de las casas de apuestas, y la alerta roja zapatista es desplazada de los medios por el escándalo del dopaje de futbolistas, ¡hasta mañana!

De: La Jornada San Luis.

''Los supuestos alivios están condicionados a la apertura progresiva de las economías del sur a los intereses de las trasnacionales del norte'', dijo Eric Toussaint, presidente del CADTM, con sede en Bélgica.

El anuncio realizado ayer implica la anulación de deuda por 40 mil millones de dólares, cantidad que representa poco menos de una cuarta parte de los 370 mil millones de dólares que los países en desarrollo desembolsan en un solo año para pagar los intereses y las amortizaciones de sus pasivos externos, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

''El fiasco es hoy total'', apuntó Toussaint. Dijo que el proyecto aprobado este sábado por los ministros de finanzas del G8, que serán oficializados en la próxima cumbre de presidentes de esas naciones industrializadas, en julio próximo, "no son más que una cortina de humo" que no logra detener la hemorragia de capitales a que están sometidas las naciones endeudadas.

Explicó que la iniciativa promovida por el ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, presentada oficialmente como una ''cancelación de la deuda de las 18 naciones más pobres'', no es tal. Sólo involucra los pasivos contratados por los países con el Banco Mundial y, en su caso, el Banco Africano de Desarrollo, pero no incluye los préstamos otorgados por la banca privada internacional, los más costosos en cuanto a servicio.

La propuesta británica, añadió, solamente considera asumir rembolsos hasta 2015, lo que está lejos de una anulación de ciento por ciento. ''Se trata, en todo caso, de un alivio muy parcial de la deuda, llamado anulación con fines de propaganda; es una superchería".

Otro punto puesto a consideración por el CADTM es las condiciones exigidas a cambio de las condonaciones. Toussaint, promotor de la iniciativa más consistente de anulación de la deuda de los países en desarrollo, comenta:

Los alivios ofrecidos siempre están condicionados a la continuación de la apertura progresiva de las economías del sur a los intereses de las trasnacionales del norte. Los países acreedores exigen la prosecución de las medidas de privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales de los países endeudados y, por tanto, "las condiciones de vida de las poblaciones sometidas a esta lógica no mejoran".

Según el CADTM, organización que ha impulsado iniciativas como el Foro Social Mundial y participó activamente en las campañas para denunciar las políticas del Banco Mundial y el FMI, la propuesta de alivio anunciada este sábado en Inglaterra es, también, insuficiente.

Los 18 países que recibirán "la pretendida generosidad del G8 no representan más de 10 por ciento de la población de los países en desarrollo".

Las naciones involucradas en la llamada Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPCI, por sus siglas en inglés), promovida por el G8, el Banco Mundial y el FMI -vigente desde 1996- ha sido un fracaso, según Toussaint. Esto, debido a que los 27 países que se han considerado en ese grupo, sobre todo africanos, van a pagar más por su deuda en 2005 que lo destinado en 2003.

El Grupo de los Ocho (G8) determinó este sábado anular la deuda de 18 países pobres, entre ellos cuatro de Latinoamérica: Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana.

''Puedo confirmar que los ministros de Finanzas del G8 han acordado una cancelación de ciento por ciento de la deuda de los países pobres altamente endeudados'', anunció el ministro británico de Finanzas, Gordon Brown, en rueda de prensa convocada al término de dos días de discusiones con sus colegas del grupo.

Este acuerdo ''histórico'' significa que se anularán ''inmediatamente'' 40 mil millones de dólares en deuda contraída por 18 países pobres con organismos multilaterales. Las naciones beneficiadas deberán invertir el dinero condonado en ''salud, educación y combate contra la pobreza'', subrayó Brown.

Los países que entrarán en este plan son Benín, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia, además de las cuatro naciones latinoamericanas mencionadas.

En los próximos 12 o 18 meses, otros nueve países se beneficiarán de la anulación de su deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Africano de Desarrollo (BAD), por una suma adicional de 11 mil millones de dólares, adelantó Brown.

En total, el acuerdo prevé la cancelación de 55 mil millones de dólares de deuda multilateral, de los cuales 6 mil millones de dólares corresponden al FMI, 44 mil millones al Banco Mundial, y 5 mil millones al BAD, precisó Brown.

Esta medida -negociada durante meses por el británico Brown con sus colegas de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Rusia- obligó a superar una serie de diferencias entre esos países, principalmente respecto de los detalles del financiamiento del plan.

Estados Unidos, que al principio estaba de acuerdo con la anulación, pero a cambio de que estuviese acompañada de una reducción de la ayuda a esos países, se acercó el viernes a la posición británica, lo que posibilitó sellar el acuerdo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, calificó de ''histórico'' el acuerdo alcanzado por el G8, conglomeración de naciones que representan más de 40 por ciento de la riqueza de la economía mundial, 50 por ciento del comercio y sólo 12 por ciento de la población mundial.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), así como personalidades de la música como Bono y Bob Geldof -que han presionado al G8 para que condone la deuda de Africa- se congratularon este sábado por el acuerdo, señalando que ''es un primer paso'', pero, advirtieron, ''se necesita más esfuerzos''.

Este plan -que es una de las prioridades de Gran Bretaña en su presidencia del G8- deja de lado a diversos países pobres muy endeudados, señalaron las ONG tras el anuncio del pacto.

''Esta anulación representa sólo 10 por ciento de la deuda total de los países pobres (unos 523 mil millones de dólares)'', indicó la Coalición 2005 No más Excusas y la plataforma Deuda y Desarrollo, que reúne a decenas de ONG que luchan para erradicar la pobreza y el hambre en el mundo.

El acuerdo se limita a países que han cumplido con las reformas impuestas por el FMI y el Banco Mundial, como privatizaciones y la apertura total de los mercados de los países concernidos, criticaron las organizaciones.

Una misión de buenos oficios de última hora, en la que intervino el propio Hugo Chávez, logró capear la crisis del Altiplano.