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30.6.05 

Confirma la CEDH la requisa de edición 2000 de La Jornada San Luis

Fragmento de la recomendación emitida por la CEDH al gobierno de Marcelo de los Santos Fraga

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la requisa de La Jornada San Luis el año pasado fue ejecutada por Jesús Zarzosa Sayavedra y Claudio Ortiz Sánchez, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

En una recomendación emitida al gobernador Marcelo de los Santos Fraga, condenó la violación de los derechos a la información y a la libertad de expresión de un medio impreso y pidió al mandatario para que inicie una “exhaustiva” investigación interna para determinar la responsabilidad de los mencionados servidores públicos.

También desmintió un oficio del titular de la Secretaría General, Alfonso Castillo Machuca en donde aseguró que el personal a su cargo no había participado en el hecho registrado el 18 de junio del 2004 y le sugirió realizar las acciones pertinentes para que sus funcionarios “se abstengan de acciones lesivas la libertad de expresión”.

Lo anterior según la recomendación 12/05 derivada del expediente CEDH-QO-561/04 por violaciones al derecho a la información y a la libertad de prensa expedida y recibida por el despacho de gobernador el martes pasado.

La CEDH se basó en una investigación de oficio sobre los hechos sucedidos en la madrugada del 18 de junio del 2004 cuando la edición 2000 del diario experimentó la compra masiva. La entrega contenía en la primer plana un presunto soborno al presidente municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo para otorgar permisos municipales a la empresa Minera San Xavier en donde participó el secretario General de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca acompañado por el empresario y amigo del gobernador del estado, Jacobo Payán Latuff, quien habría ofrecido favores de La Jornada San Luis , en ese entonces por su condición de socio de la casa editorial.


Plagio confirmado

Versa el documento firmado por Magdalena González Vega, titular de la CEDH, que luego de la investigación que se basó en la existencia de la nota periodística, los testimonios de dueños de establecimientos periódicos y del hecho consistente en la compra masiva de “por lo menos” dos funcionarios públicos y concluyó que “sí fue coartado el derecho que tenemos todos los ciudadanos de recibir información, toda vez que la nota periodística... sí tenía un alto contenido de interés publico, pues en ella se denunciaba un presunto ofrecimiento económico hacia el alcalde de Cerro de San Pero, noticia que los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí teníamos derecho conocer oportunamente...”.

Mas adelante, sostiene que es “condenable el acto ejecutado por servidores públicos como son Jesús Zarzosa Sayavedra, encargado de la atención a grupos sociales y José Claudio Ortiz Sánchez, el secretario particular de Alfonso Castillo Machuca. pues con su participación en la compra masiva de ejemplares actualizaron un atentado contra la libertad de prensa, pues impidieron que muchos ciudadanos el día... se enteraran y conocieran una nota que, si bien es cierto, involucraba directamente a la Secretaria General de Gobierno, a la cual, ellos pertenecen, también lo es que una nota periodística no implica necesariamente la verdad absoluta sobre un hecho sino simplemente registra un acontecimiento que puede ser sujeto a verificación, pues el ejercicio de un periodismo democrático permite a todas las partes el derecho de réplica...”.

La acción de los funcionarios del gobierno estatal, determinó la CEDH, encontró que la acción violó el derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de expresión de un medio de comunicación.

Investigación exhaustiva

Para la comisión, la conducta de los dos funcionarios fue causa suficiente para iniciar una investigación para determinar los motivos que propiciaron esas acciones para esclarecer si actuaron por voluntad propia o siguieron órdenes de sus superiores.

También establece que las pesquisas deben esclarecer quiénes fueron las otras personas que participaron en el plagio del diario y determinar si son servidores públicos.

Para lograr lo anterior, la CEDH emitió las siguientes recomendaciones al gobierno estatal: “Primera.- ordenar al órgano de control competente que inicie una exhaustiva investigación tendiente a determinar la responsabilidad de los servidores públicos de la Secretaria General de Gobierno involucradas en los actos denunciadas por el diario La Jornada San Luis y que resultan violatorios a derechos humanos.

“Segunda.- gire instrucciones pertinentes a efecto de que los servidores públicos... se abstengan de efectuar cualquier tipo de acciones lesivas a quienes ejercen la libertad de expresión; y que sean instruidos y capacitados para cumplir con el respeto que deben a los derechos humanos y a las garantías que la ley establece.

“Tercera.- haga del conocimiento de todos los servidores públicos a su cargo los principios contenido en la Declaración de Chapultepec que señala los parámetros para el respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, considerando que la libertad de prensa es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”.

Desmiente CEDH a Castillo Machuca

Según las evidencias tomadas por el organismo, señalan un oficio del 14 de septiembre girado por Alfonso Castillo Machuca a la CEDH dio un informe pormenorizado relativo a los hechos motivo de la queja en donde negó categóricamente que los trabajadores a su cargo haya participado en forma directa o indirecta en la requisa y agregó que como funcionario público siempre ha respetado la libertad de expresión.

No obstante, luego de los testimonios recabados por la propia comisión concluyó: “por lo tanto se desestima la afirmación realizada por el secretario general de Gobierno en su informe pormenorizado en el que indico que la denuncia del diario La Jornada San Luis era un señalamiento unilateral y sin sustento”.

Por lo anterior, el gobierno estatal cuenta con un termino de cinco días hábiles siguientes a su notificación para informar sobre la aceptación de la recomendación y con un plazo de 10 días hábiles para enviar las pruebas para el cumplimiento de la recomendación en caso de haber sido aceptada, según señala el oficio.

Jueves 23 de Junio de 2005

Julio Hernández López

ASTILLERO

PINOCHO DE LOS SANTOS

• Ombudsman confirma secuestro de diario

• Funcionarios acapararon La Jornada San Luis

• Hoy, acto en Casa Lamm a las 19 horas

Un año después de que ordenaron el secuestro de una edición de La Jornada San Luis (LJSL), el gobernador Marcelo de los Santos y su secretario general, Alfonso Castillo Machuca, han sido exhibidos como mentirosos, pues a pesar de que en su momento negaron que personal a su mando hubiera realizado la compra masiva de ejemplares para impedir que se conociera una noticia que les molestaba, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH-SLP) hizo pública ayer una recomendación (la 12/05) en la que se establece que fue comprobada esa forma de violación al derecho a la información y a la libertad de expresión escrita.

La comisión, presidida por Magdalena Beatriz González Vega, establece que “luego de recabar diversos testimonios entre expendedores y voceadores” es un “hecho demostrado” que el 18 de junio de 2004 “ocurrió un evento fuera de lo ordinario en los puntos de distribución y venta, consistente en que personas ajenas al oficio de voceadores acudieron primero al punto de distribución del diario La Jornada San Luis (...) y en ese lugar adquirieron en forma masiva los ejemplares de ese diario, además de que en el transcurso de la mañana personas a bordo de vehículos sin placas adquirieron más ejemplares en los puntos de venta”. La virtual requisa fue negada de inmediato por el gobernador De los Santos quien, confrontado por la comunidad jornalera potosina en pleno, adujo que había realizado investigaciones personales y podía asegurar que ningún miembro de su gobierno había participado en los hechos. El secretario general, Castillo Machuca, en un “informe pormenorizado” ent regado a la CEDH-SLP, negó cualquier participación en la compra masiva, y acusó a La Jornada San Luis de hacer en ese sentido “un señalamiento unilateral sin sustento”.

Pero ayer, la citada comisión estableció que cuando menos dos funcionarios estatales, Claudio Ortiz y Jesús Zarzosa, fueron identificados como partícipes en el secuestro periodístico. Los dos trabajan para el secretario general de gobierno: el primero es el secretario particular y el segundo es el coordinador de atención a grupos sociales. Los nombres y fotografías de esos funcionarios habían sido publicadas por La Jornada San Luis inmediatamente después del secuestro, y la CEDH-SLP investigó a partir de esos datos y de las direcciones de una decena de voceadores que habían conocido los hechos y que fueron proporcionadas por el diario. Ahora, el gobierno potosino tiene cinco días hábiles para aceptar la recomendación que pide a De los Santos ordenar “al órgano de control competente que inicie una exhaustiva investigación “ para “determinar la responsabilidad” de los funcionarios mencionados en el virtual secuestro de LJSL, sobre todo en cuanto a saber si “obedecieron alguna instrucción por parte de sus superiores o si se trató de actos efectuados motu proprio”.

La recomendación firmada por la ombudsman potosina González Vega fue dada a conocer el mismo día en que a la ciudad de México llegaba una caminata que había salido de la capital potosina el pasado 7 en protesta por otros agravios (igualmente negados con mentiras por el gobernador De los Santos). Hoy, como hace un año, el encono gubernamental trata de silenciar informaciones incómodas. Allí está hoy, por ejemplo, la violación a los derechos laborales de trabajadores que fueron expulsados de la casa de gobierno por afiliarse al sindicato independiente encabezado por Francisca Resendiz (bordeando el delito de peculado, lo que será determinado por los jueces, De los Santos tuvo personal doméstico pagado con recursos públicos en su domicilio particular). Hoy, como hace un año, por dar voz a la lucha contra la Minera San Xavier a cuyo servicio están el presidente Fox, el secretario de economía, Canales Clariond, y el gobernador De los Santos. El secuestro del diario, un año atrá s, trataba justamente de evitar que se conociera que el secretario general de gobierno y un empresario habían hecho “ofrecimientos a granel” (casi como “un boleto de lotería” a nombre del portador) al presidente del municipio de Cerro de San Pedro para que firmara documentos que permitieran la instalación de la citada minera. Hoy se mantiene el mismo empecinamiento sospechoso del grupo foxista a favor de esa empresa altamente contaminadora. Por ello ayer, como hoy, se pretende acallar a La Jornada San Luis. Pero también ayer, como hoy, demostrado queda que la mentira está del lado de quienes detentan actualmente el poder en SLP. Y, por hoy, recuerden los lectores que lo que queda de la exigua caminata estará a las 9.30 horas en San Lázaro con el comité de comunicación social, por allí de las 12 en Los Pinos (si la musa y el tiempo permiten preparar algo) y a las 19 en Casa Lamm (invitación abierta) con Ricardo Rocha, Álvaro Delgado, Javier Corral y Jaime Avilés.

Astillas: Publicado en la página de internet de Ruta, un bisemanario de Tulancingo, Hidalgo, que tiene un capítulo dedicado a la sierra norte poblana: “Tenía años que el ejército mexicano no llevaba a cabo recorridos grupales en el centro de Xicotepec, y menos con consignas a grito abierto de: ‘Llevo mis armas a la selva y a todo zapatista mataré', ¿hay procesos de diálogos entre el gobierno y la insurgencia chiapaneca o hay simulación?”. Ruta es dirigido por Juan Carlos Ortiz Castro, y la mención de los estribillos militares fúnebres fue hecha por Leonel Quiroga Cazares en su columna El Baúl. La dirección electrónica es http://www.prodigyweb.net.mx/rutatgo/sierra%20poblana.htm ... Y, mientras Juan Gabriel es detenido por problemas fiscales, y los hijitos de la señora Falda piden pago por daño moral a quienes han relatado sus andanzas empresariales, y Creel sigue atorado con e l asunto de las casas de apuestas, y la alerta roja zapatista es desplazada de los medios por el escándalo del dopaje de futbolistas, ¡hasta mañana!

De: La Jornada San Luis.

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