Activistas de Greenpeace disfrazados de calaveras y representando a “futuros cadáveres potosinos” demandaron a la Semarnat garantizar su derecho al agua y apegarse al estado de derecho, retirando la autorización otorgada a la Minera San Xavier para explotar una mina de oro y plata en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí.

El proyecto de minería de tajo a cielo abierto de la transnacional canadiense extraería cada año más de un 1 millón de metros cúbicos de agua del acuífero, de por sí críticamente sobreexplotado, del Valle de San Luis Potosí (VSLP), del cual dependen más de 1.5 millón de personas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y la propia Semarnat, el balance entre la recarga del acuífero y la extracción del liquido arroja un déficit de 42.5 millones de metros cúbicos al año.

“La ciudad de San Luis Potosí y los municipios aledaños sufren serios problemas de abasto de agua y en este escenario se pretende impulsar un proyecto minero que va a requerir la misma cantidad de agua que utilizan 150,000 anualmente. Es un proyecto que en 8 años arrasará con el Cerro de San Pedro y dejará a cambio un cráter de un kilómetro de diámetro y 300 metros de profundidad y cientos de miles de toneladas de residuos cianurados a apenas 12 kilómetros en línea recta de la ciudad de San Luis. La herencia de Minera San Xavier será: sed, contaminación y destrucción”, declaró Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.

Greenpeace exigió, como lo ha hecho el Frente Amplio Opositor (FAO), que la Semarnat acate el fallo del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitido el 5 de octubre de 2005, que le dirigió una sentencia estableciendo la nulidad de la autorización que otorgó a la Minera el 26 de febrero de 1999.

El proyecto de Minera San Xavier no tiene justificación. Además de la enorme demanda de agua, existe un alto riesgo de contaminación del acuífero del VSLP ya que para lixiviar los metales, como reconoce el manifiesto de impacto ambiental (MIA) de la empresa, se utilizarán 16 toneladas de cianuro de sodio y 25 toneladas de explosivos cada día.

En noviembre de 2005 fue publicado el primer estudio amplio sobre el acuífero. El “Estudio Técnico del Acuífero 2411”, elaborado por Conagua, la Semarnat y Cotas, A.C., establece en el inciso 9 “Problemática”: “No existen lineamientos de política industrial que favorezcan un crecimiento económico acorde con la situación del acuífero. Por lo que se requiere de un mayor y enérgico fomento al establecimiento de empresas de bajo consumo de agua que no representen un riesgo para la calidad de los efluentes”.

Más adelante, en el inciso 10 “Conclusiones y Recomendaciones”, se señala la necesidad de “Elaborar lineamientos de política industrial que: a) favorezcan un crecimiento económico acorde con la situación del acuífero, b) fomenten el establecimiento de empresas de bajo consumo de agua, c) no representen riesgo para la calidad de los efluentes, y d) impulsen el tratamiento de aguas residuales industriales y de reuso”.

El estudio, primero en su tipo sobre el acuífero del VSLP, se refiere también a la la edad del agua: “el acuífero profundo (de donde se extrae el agua) es alimentado por aguas muy antiguas de más de 1000 años, lo que sugiere una escasa recarga vertical”. Debido a esto, “se debe considerar a este acuífero como un recurso no renovable, cuya agua debe ser reservada para uso doméstico y público-urbano y buscar recargas foráneas”.

El estudio señala el problema y riesgos que representa la contaminación entre el acuífero somero y el profundo. El uso de cianuro de sodio ha motivado la prohibición de esta técnica en otras naciones. La propia MIA señala que el impacto al acuífero “se considera adverso, significativo para el acuífero de donde sea extraído”. Además, indica que uno de los riesgos para los acuíferos de la región sería el derrame o percolación de soluciones cianuradas provenientes del proceso de lixiviación. Y admite: “El impacto causado por una situación como la anteriormente descrita sería adverso de magnitud moderada a alta”.

Es importante mencionar que Cerro de San Pedro es el símbolo de San Luis Potosí. La mina del Cerro se fundó en 1592 y de esa época hasta mediados del siglo XVII ocupó el primer sitio en el mundo por su producción de oro y plata. Esa actividad dio lugar a la fundación de la actual capital del estado. Las construcciones que permanecen en pie en el Cerro de San Pedro, su iglesia y las ruinas de las edificaciones han sido declaradas monumento histórico y son parte del patrimonio cultural e histórico de SLP. La MIA reconoce que se impactarían seriamente estas edificaciones.

“Llamamos a la Semarnat a respetar la declaratoria estatal de 1993 que protege la flora y la fauna del Cerro de San Pedro. Esta declaratoria está siendo violada por Minera San Xavier que ya inició obras en el Cerro de San Pedro sin que la autoridad ambiental haya intervenido para impedirlo. La sentencia del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala la improcedencia de la autorización para un proyecto de este tipo dada la existencia del decreto estatal de 1993. Este decreto no es mencionado ni por la MIA ni por la autoridad ambiental. Minera San Xavier no sólo está violando este decreto, y varios otros ordenamientos de carácter ambiental, sino otros amparos interpuestos por los defensores del patrimonio natural, histórico y cultural de San Pedro. Estas violaciones a la ley exigen de la autoridad ambiental el restablecimiento del estado de derecho”, señaló Calvillo.

Greenpeace México.