Marcha de Greenpeace Foto: Alejandra Guzmán Orta

Debido a que la compañía canadiense Minera San Xavier está operando en el Cerro de San Pedro al margen de la ley y con la cancelación de permisos, el director de Greenpeace México, Alejandro Calvillo Unna, anunció que intervendrán de manera más directa en contra de este proyecto que calificó como brutal.

Tras realizar una protesta frente a palacio de gobierno donde desplegaron una manta que decía “No a la Minera San Xavier” y asistir a una reunión con el secretario general del gobernador Marcelo de los Santos Fraga, Alejandro Calvillo, indicó que uno de los motivos que los ha obligado para actuar en San Luis Potosí es que “la empresa está violando la ley y está actuando bajo un vacío legal”.

Reconoció que les preocupa que la filial de Metallica Resources Inc. esté haciendo detonaciones en Cerro de San Pedro cuando existe un dictamen de un tribunal administrativo que obliga a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a anular la autorización que había otorgado al proyecto minero.

El director de esta agrupación a nivel nacional dejó una carta al mandatario donde aborda los problemas que podría generar esta empresa que pretende utilizar 16 toneladas de cianuro de sodio al día así como la utilización de un millón de metros cúbicos de agua al año, precisamente en una zona que carece de líquido y con el riesgo latente de que los mantos acuíferos sean contaminados.

Alejandro Calvillo mencionó que el proyecto minero no se justifica en términos ambientales, económicos, sociales y culturales. “Detonante económico 300 empleos por ocho años, no va a dejar nada, es una compañía canadiense que va a extraer oro y plata, deja el desastre y se va. Y los empleados con bajos salarios se van a quedar sin trabajo, eso habla de un desarrollo sustentable en términos económicos no, en términos ambientales tampoco”.

También se quejó de que Minera San Xavier este chantajeando a las autoridades federales con la amenaza de que recurriría a los tribunales internacionales si se le impide su operación, algo que, añadió, difícilmente procedería porque hay un decreto de flora y fauna existente, anterior a las operaciones de la empresa.

Externó que si las autoridades tanto federales como estatales no actúan de acuerdo a su competencia, recurrirán a la resistencia civil.

El director de Greenpeace indicó que esperan reunirse en dos semanas con el gobernador del estado, Marcelo de los Santos Fraga.

Miguel Ángel Mata. La Jornada San Luis.